Transformaciones institucionales en Tucumán. Es en lo que se comprometió a trabajar el gobernador Osvaldo Jaldo a lo largo de 2026, según expresó en su discurso de Apertura de la Asamblea Legislativa. Reverberó especialmente lo referido a la tan nombrada pero -hasta aquí- desdibujada reforma electoral. Sin embargo, el mandatario aseguró que también está dispuesto a llevar adelante este año cambios institucionales de fondo como la normalización de entes autárquicos que están intervenidos hace décadas. ¿Determinación política o intención de dejar sin argumentos a la oposición?

Son al menos seis los organismos públicos que se encuentran intervenidos, la mitad de ellos desde la década del 90: el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst, más conocido como Subsidio de Salud) está intervenido desde 1990; el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), a partir de 1991; el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), desde 1998; el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), desde 2000; la Caja Popular de Ahorros, desde 2003; y el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept) fue intervenido en 2024, por la gestión actual.

Designaciones “a dedo”

En su alocución del 1 de marzo, el titular del Poder Ejecutivo (PE) destacó que su gobierno regularizó la integración de las Juntas de Clasificación Docente luego de 17 años, ya que antes sólo formaban parte representantes del Poder Ejecutivo. “En pocas palabras: se venía designando a dedo a la docencia en la provincia de Tucumán”, fustigó. Más adelante, dijo que se avanzó con algunas transformaciones con el Poder Legislativo que conduce Miguel Acevedo, pero aclaró que falta profundizar.

“Como el año 25 ha sido el año de la obra pública, el año 26 tiene que ser el año de las transformaciones en los diferentes ámbitos de las instituciones en la provincia de Tucumán. Este gobernador está dispuesto a afrontar y enfrentar las transformaciones y las decisiones que toma esta Legislatura”, remarcó el tranqueño antes de expresarse sobre la reforma electoral.

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Consultado por LA GACETA en conferencia de prensa sobre los entes intervenidos, Jaldo afirmó que viene conversando al respecto con el vicegobernador. “La decisión nuestra es tratar de normalizarlos de una vez por todas”, aseveró y subrayó que llevan “muchos años” intervenidos. Señaló que la regularización de la Junta de Clasificaciones es un paso importante. “Seguramente que nos quedan muchos otros entes autárquicos que tenemos que normalizarlos. Eso entra dentro de la reorganización institucional. Como decía: el 25 fue el año del comienzo de la obra pública y el 26 el reacomodamiento de las diferentes instituciones del sistema democrático”, insistió.

Actualmente las designaciones las realiza el titular del PE “a dedo”, mediante un decreto. El último de estos cambios se llevó a cabo en enero, designando como interventor de la CPA al contador Guillermo Norry, ex interventor de la Municipalidad de Alberdi.

Veto y fallo judicial

El reclamo por la regularización de los entes intervenidos es de larga data ya que, como se precisó, algunas de ellas superan largamente las tres décadas. En 2007, la Legislatura sancionó una ley que establecía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero el entonces gobernador José Alperovich la vetó. Además, en el inicio del primer mandato de Juan Manzur surgió el compromiso de avanzar en ese sentido, finalmente esto no sucedió, y persistió la conducción precaria en todos ellos.

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En paralelo, el entonces legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) formalizó en abril de 2015 una acción de amparo ante la Sala II del Fuero Contencioso Administrativo para solicitar el cese de la intervención del Subsidio de Salud, el Ipvdu y el IPLA por el tiempo transcurrido, principalmente. En 2020, con dos votos a favor y uno en disidencia, la Sala II le dio la razón al yerbabuenense y brindó 60 días al PE para regularizar la situación. El fallo fue recurrido por el gobierno de Manzur y, vía casación, el expediente pasó a la órbita de la Corte Suprema de Tucumán, que en 2024 dejó sin efecto la resolución en primera instancia. Ante este escenario, el ex legislador afirmó que recurriría a la Corte de la Nación con la demanda.

Proyectos en la Cámara

Los reclamos de parlamentarios opositores a la Provincia para que normalice las designaciones precarias no son nuevas y en los últimos años continuaron ocurriendo. En 2021, el entonces legislador Raúl Albarracín (hoy secretario de la Gobernación) presentó un proyecto de resolución solicitando la normalización del IPLA. “Resulta relevante resaltar que el plazo máximo de intervención del Poder Ejecutivo en el mismo es de 60 días de corrido, siendo que el mismo se encuentra intervenido desde el año 2000, habiendo se superado groseramente el plazo establecido por ley”, expuso en los argumentos con el apoyo de Walter Berarducci.

En 2022, los entonces parlamentarios Raúl Pellegrini y José María Canelada impulsaron sendos proyectos de ley para ponerle límites de tiempo a intervenciones que -mencionaron- tomaron carácter de “permanentes” aunque no deberían superar los 120 días.